Como se puede constatar, se trata de un documento incisivo sobre este tema, y no sólo doctrinal sino además informado de los detalles jurídicos, técnicos y sociológicos que hacen a las industrias extractivas de recursos naturales, sobre todo de los no renovables.
Vaya como un texto de formación y de consulta válida. (Los destacados me corresponden).
Enrique Endrizzi
SEMINARIO
INTERNACIONAL
Industrias
extractivas (minería e hidrocarburos), la problemática de los
recursos naturales no renovables en América Latina y la Misión de
la Iglesia, Lima, 14-16 de junio de 2011
DOCUMENTO
CONCLUSIVO
La
Iglesia reconoce la importancia de las industrias extractivas y el
servicio que pueden brindar a la comunidad humana, a las economías
y al progreso de toda la sociedad.
Saluda
la responsabilidad de los diferentes actores (empresarios,
funcionarios del Estado, profesionales ingenieros y técnicos) que se
esfuerzan en ir más allá
del cumplimiento de las normas legales para proteger la integridad
física de los trabajadores, de las poblaciones locales y de los
pueblos indígenas y para cuidar el medio ambiente. La Iglesia valora
estas prácticas responsables que promueven el bienestar de las
personas en base al derecho y a las prácticas democráticas.
- Se constata que, en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, hay una expansión acelerada de las industrias extractivas, formales e informales, cuyas actividades tienen, muchas veces, impactos negativos en la vida de las poblaciones aledañas. Como dice el documento de Aparecida:“...hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región” (DA1 43).
- La Iglesia no puede ser indiferente a las preocupaciones, las angustias y la tristeza de las personas, sobre todo de los pobres y afligidos.2 Por ello el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) con el apoyo de MISEREOR, organizó un seminario sobre “Industrias extractivas y la misión de la Iglesia” durante los días 14 al 16 de junio de 2011 en Chaclacayo, Perú. Participaron arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, líderes sociales, profesionales y académicos de 17 países de América Latina, El Caribe, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa.
- El objetivo de dicho encuentro fue analizar las consecuencias de las actividades extractivistas en el aspecto social, político, económico y ecológico y desarrollar líneas pastorales.
- El seminario tenía como antecedentes los encuentros de Quito (3– 8 de agosto de 2009), Manaos (1–4 de octubre de 2009), Buenos Aires (20–25 de agosto de 2010), Roma (1–2 de octubre de 2010) en los que se reflexionó sobre diversas dimensiones relacionadas con el bien común global y el Cuidado de la Creación.
- Comenzamos nuestras reflexiones con un análisis de la realidad que fue enriquecido por una lectura de fe a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia para determinar las líneas de acción pastoral más adecuadas. Porque“[…] los principios generales de la doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres fases… que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y actuar”3.
EL PLANETA HERIDO
8. Junto
con
el crecimiento de las industrias extractivas
a nivel mundial, notamos una relocalización
de los flujos de inversión,
motivada por la recuperación de los precios de los minerales. Hay
nuevos actores en escena como Brasil, India y China que contribuyen
al incremento de la demanda. Ello incide significativamente en el
incremento de los precios de los metales. Existe, pues, una demanda
cada vez mayor de materias primas
tanto por parte de los países emergentes como de los países
industrializados. Algunos de éstos últimos, incluso, han
desarrollado estrategias
de mediano y largo plazo para garantizar su abastecimiento, llegando
a declarar dicho abastecimiento como un interés de seguridad
nacional.
9. En el Seminario se analizaron
varios
testimonios sobre conflictos entre poblaciones afectadas por las
actividades extractivas, el Estado y las empresas privadas
en diferentes países de América Latina, testimonios que son
reflejos de una grave problemática social y ambiental.
10. En ciertos casos se constata un
comportamiento irresponsable de las empresas transnacionales porque
en el desarrollo de sus actividades no se rigen por los estándares
sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que
muchos Estados nacionales permanecen indiferentes o pasivos frente a
estas prácticas indebidas.
11. Se
ha comprobado que el
desarrollo de actividades industriales para la exploración y
explotación minera y de hidrocarburos genera una liberación,
dispersión y deposición de productos químicos y residuos de
diversa naturaleza,
tales como cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y
otros metales pesados. Ellos contaminan
directamente o por infiltración, los recursos hídricos
(glaciares, lagos, ríos y el agua en el subsuelo), el aire y el
suelo. En
algunos casos la contaminación perdura por miles de años,
provocando graves enfermedades y mutaciones genéticas. Este hecho,
sumado a la destrucción de suelos (lixiviación) y de paisajes –
que para algunas comunidades indígenas son considerados sagrados- ,
perjudica
sensiblemente la calidad de vida tanto de las personas como de
animales y plantas. Se
constata la aparición y el incremento de enfermedades entre los
pobladores del lugar y de las comunidades aledañas afectadas
por la
actividad minera informal y en ciertos casos por la actividad formal.
En
la mayoría de los casos los trabajadores y pobladores quedan
abandonados a su suerte.
12. Generalmente las industrias
extractivas que no manejan correctamente el recurso hídrico, afectan
el derecho humano al agua como bien público, la producción de
alimentos y la agricultura.
Eso provoca migración, convirtiéndose comunidades enteras en
“refugiados ambientales”, víctimas de una economía informal y
en ciertos casos por la actividad formal de índole neoliberal basada
fuertemente en el extractivismo y la venta de materia prima en el
mercado mundial. Ello trae
como consecuencia la ruptura de los invalorables proyectos de vida de
las comunidades.
13. Se observa a la vez una
creciente
concentración de derechos de la propiedad y del uso concesionario de
tierras en las manos de empresas transnacionales que, en muchos
casos, también ejercen un fuerte control social sobre amplios
territorios.
14. Las empresas extractivas y,
sobre todo la minería, son actividades que requieren mucha
tecnología y emplean
poca mano de obra. Es
cierto que se
generan puestos de trabajo, pero éstos son por tiempos limitados
y, en
muchos casos, en situaciones de sub-contratas laborales o “services”
que lesionan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En el
caso de la minería informal se observa un aumento de la mortalidad
por accidentes de trabajo. Es justo reconocer que ha decrecido
considerablemente el número de obreros que mueren a causa de
accidentes de trabajo por incumplimiento de las normas de seguridad
en el caso de la minería formal.
15. Los
aportes tributarios de las empresas extractivas incrementan
sustantivamente los ingresos del Estado.
Pero por
otra parte hay exoneraciones o convenios de estabilidad comercial,
tributaria y ambiental que minimizan dichas aportaciones.
En el caso de Centroamérica se ha generalizado una política de
exoneraciones fiscales que han reducido las obligaciones tributarias
a un rango de sólo 5%. Por eso en varios países de la región cuyas
empresas han incrementado de manera considerable sus ganancias a
causa del alto precio de los metales, se encuentra en debate el tema
del impuesto a las sobre ganancias mineras.
16. Se observa también con
preocupación que en diferentes países de América Latina la minería
informal está causando graves daños a la salud de las personas y al
medio ambiente, anulando todos los ciclos vitales en donde se
desarrolla.
LOS ESTADOS
17. Las actividades extractivas
mayormente son
realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder
económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados
nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno
local. Muchas veces
los
gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de
generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales
de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los
marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las
empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la
población que es la responsabilidad fundamental de todo Estado.
18. Observamos
un incremento
de la corrupción y un debilitamiento de la gobernabilidad así como
del sistema de justicia.
Muchas veces se comprueba una falta
de transparencia acerca de los contenidos de los documentos que
regulan las relaciones entre el Estado y las Empresas extractivas,
entre otros: contratos de
concesión; estudios de
impacto socio-ambiental; informes de monitoreo ambiental del
ejercicio de emprendimiento. En muchos países de América Latina y
de El Caribe el
acceso libre a los registros actualizados de las concesiones mineras
no está garantizado.
19. Muchos
de los conflictos socio ambientales se dan porque: “En
las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la
naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente
excluidas” (Documento de Aparecida, 84). Y cuando
se generan conflictos no se han establecido mecanismos de diálogo,
por lo que a menudo se tiende a criminalizar la protesta social.
En
muchas ocasiones las Fuerzas de Seguridad de los Estados, o privadas,
atropellan los derechos de las poblaciones. A veces grupos
guerrilleros armados o paramilitares están involucrados en la
explotación de los bienes naturales, y, en otros casos, impiden con
violencia las actividades extractivas.
De parte del Estado a
menudo no se practica la consulta previa a los pueblos indígenas,
posibles de ser afectados, la cual debe ser ejecutada a través del
Estado sin delegación a los sectores privados, tal como
lo exige el Convenio 169 de la OIT en su Art.6.2,
y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas en su Art.19. En particular frecuentemente
los Estados son ineficientes en ejecutar las funciones públicas de
revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la aprobación
de las Certificaciones ambientales así como el monitoreo del
desempeño ambiental de los emprendimientos.
Ello genera contextos que son propicios para la corrupción y las
relaciones impropias entre funcionarios públicos y el sector
privado. Se debe garantizar asimismo un mínimo de libertad,
información y buena fe con miras a alcanzar el consentimiento libre
e informado de los pueblos implicados.
De la misma manera corresponde
profundizar en los demás aspectos la observancia del mencionado
Convenio 169 de la OIT, así como los Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Naciones Unidas.
Asimismo se destaca la falta de mecanismos efectivos para conminar y
sancionar a las corporaciones multinacionales cuando incurren en
violaciones de garantías reconocidas a nivel nacional e
internacional.
LA
IGLESIA
20. Estamos
en un escenario de incremento de los conflictos socio-ambientales en
el Continente. Nos preocupa la situación de muchos agentes
pastorales y líderes sociales, de defensores y defensoras de los
Derechos Humanos así como a las personas que trabajan para la
protección del medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales que vienen siendo amenazados, perseguidos. Pero Jesús los
fortalece al afirmar: “Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que
son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de
los Cielos.”(Mt 5,9–10). Nuestros pueblos anhelan un desarrollo
que sea humano, integral, solidario y sostenible (cfr. DA 474c).
21. Por otro lado destaca el
acompañamiento e involucramiento de la Iglesia en los procesos
formativos y en la toma de conciencia de las comunidades. Su
presencia activa, al lado de la población ha sido decisiva para
facilitar el diálogo y evitar la violencia, así como para invocar
la solidaridad de la sociedad civil a escala internacional y las
experiencias de alianzas, como por ejemplo, entre sindicatos de las
empresas, cooperativas y otras organizaciones con las comunidades
afectadas. Es clave conocer, documentar y sistematizar estas
experiencias y sacar lecciones para lograr interactuar eficazmente
con las empresas extractivas y los poderes públicos.
SEÑALES
ALENTADORAS
22. Si
bien prevalece en varios países un modelo económico neoliberal
asentado en el extractivismo, constatamos con esperanza el
surgimiento de nuevos enfoques de desarrollo que se proyectan hacia
propuestas integrales, incorporando las dimensiones sociales,
culturales y ambientales.
23. Las
poblaciones han desarrollado estrategias diversas
entre las que están la puesta en escena de nuevas
organizaciones que han reaccionado frente al conflicto, con el
desarrollo de capacidades para adquirir mayores conocimientos y
elaborar propuestas.
También se vienen dando alianzas
con otros sectores sociales, buscando la incidencia en las políticas
públicas. Así se
están logrando aprendizajes en la perspectiva de construir
escenarios de transición alternativos al extractivismo
incontrolado.
24. En
los países industrializados de mayores ingresos surgen importantes
movimientos ciudadanos que cuestionan el estilo de vida consumista
y plantean la solidaridad con las comunidades y pueblos del sur
y el seguimiento e incidencia sobre el comportamiento de las empresas
y las políticas públicas de dichos países. También se han
desarrollado interesantes mecanismos de certificación internacional
y comercio solidario que ayudan a los consumidores de los países más
ricos a adquirir productos que se han elaborado minimizando la
contaminación y los impactos socio-ambientales negativos sobre los
ecosistemas de los países del sur y sobre los hombres y mujeres que
allí viven.
25. Hay
algunas experiencias que muestran que es posible pensar en una
actividad extractiva racional y responsable que coexista con la
agricultura, se desarrolle de acuerdo a los estándares
internacionales y por ende tenga en cuenta la sostenibilidad, la
inclusión social, la regulación y la máxima reducción de los
efectos en el ambiente.
Es necesario informarse y conocer cuáles son los marcos normativos,
sociales, culturales y políticos que han posibilitado dichas
experiencias para ver en qué medida son replicables en otros
lugares.
LA
TIERRA, CASA COMÚN Y LUGAR DE COMUNIÓN
26. Según
la fe cristiana nuestra tierra es creación de Dios. Por ello tenemos
que tratarla con respeto. Los seres
humanos, creados a imagen de Dios (Gen 1,26), están llamados a ser
administradores responsables de los bienes de la creación. No
tenemos el derecho de explotar los recursos de la tierra, “arrasando
irracionalmente las fuentes de vida” (DA 471).
Dios creó la vida en su gran diversidad (Gen 1, 11–12.20). Nuestro
continente de América
Latina tiene una de las más grandes variedades de flora y fauna de
toda la tierra.4
Esta es una
herencia gratuita y frágil “que recibimos para proteger” (DA
471).
27. Una
base sustancial del cuidado de los bienes de la creación es la
alianza del Creador con todos los seres vivientes (Gen 9,17). La
Doctrina Social de la Iglesia enfatiza que “una correcta concepción
del medio ambiente no puede reducir utilitariamente la naturaleza a
un mero objeto de manipulación y explotación”5.
Por el contrario, la
intervención del ser humano en la naturaleza se debe regir por el
respeto a las otras personas y sus derechos y por el respeto hacia
las demás criaturas vivientes.6
Ello implica también la responsabilidad de que las generaciones
futuras puedan heredar una tierra habitable.
28. Reafirmamos
la necesidad de preservar el planeta tierra como “casa común” de
todos los seres vivientes. El Beato Papa Juan Pablo II nos advirtió
de los riesgos que conlleva considerar al planeta únicamente como
una fuente de recursos económicos: ”[...]
el ambiente como ‘recurso’ pone en peligro el ambiente como
‘casa’”7.
Por
esta razón se requiere evaluar el costo ambiental a largo plazo de
las actividades extractivas, junto a las demás actividades lícitas
como la ganadería, la agricultura, la acuicultura o ilícitas, como
el cultivo de coca o amapola para el narcotráfico.
29. Jesús
anunció con sus palabras y hechos que Dios es el Dios de la Vida. La
fidelidad al Evangelio nos exige contemplar la vida como don de Dios
en toda la creación. Esta dimensión integral e interdependiente de
todo lo creado compromete la responsabilidad humana.
30. Existe
un vínculo estrecho entre el seguimiento de Jesús y la misión. La
misión debe estar al servicio de la vida de los pueblos en
Latinoamérica. Así lo recalcan los obispos en el documento
conclusivo de Aparecida cuando dicen: “La
misión evangelizadora no puede ir separada de la solidaridad con los
pueblos y su promoción integral”
(DA 545). Pues
“las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e
ignorados en su miseria, y su dolor, contradicen el proyecto del
Padre e interpelan a los creyentes a un mayor compromiso a favor de
la cultura y de la vida. El Reino de Vida que Cristo vino a traer es
incompatible con esas situaciones inhumanas. Si pretendemos cerrar
los ojos ante estas realidades no somos defensores de la vida del
Reino y nos situamos en el camino de la muerte.” (DA 358).
31. Vivir
según el Espíritu de Jesús, nos llama a reafirmar la opción por
los pobres, los destinatarios preferidos del Reino y las primeras
víctimas de los efectos negativos del modelo socio-económico
vigente y de los desastres naturales generados como consecuencia del
cambio climático global.
32. En
la búsqueda de un desarrollo integral y solidario nos inspira y nos
ayuda la vivencia espiritual de los pueblos indígenas y afro
descendientes quienes desde sus orígenes se sienten parte de la
“madre tierra” y se relacionan con ella como “matriz de la
vida”. En
las culturas originarias hay un espíritu que descubre la sabiduría
y la fuerza de Dios en la creación. Eso les incentiva a buscar el
‘Buen Vivir’.
Reconociendo esta realidad, en abril del 2009, todas las naciones del
mundo, reunidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobaron por unanimidad una resolución que designa el 24 de abril
como Día Internacional de la Madre Tierra.
33. Respecto
a las actividades de las industrias extractivas y al uso de los
recursos naturales no renovables hay que tener presente el principio
del destino universal de los bienes de la creación, especialmente de
los recursos de vital importancia como el agua, el aire, la tierra.
Este es el principio
fundamental de todo el orden ético-social.8
34. El
modelo económico actual se sustenta en la matriz energética de
combustibles fósiles, en la persecución del lucro a todo costo y en
una escalada de consumo, aparentemente sin límites, lo que conlleva
la sobreexplotación y, por consiguiente, la creciente escasez de
recursos naturales no renovables y el calentamiento global debido a
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en conjunción con
el agravamiento del fenómeno del cambio climático global...
El deshielo acelerado de los polos, los glaciares tropicales andinos
y la deforestación de la Amazonia son algunos síntomas, entre
otros, de la insostenibilidad del modelo económico presente. Este
modelo promueve la desigualdad y el individualismo y pone en peligro
la sobrevivencia del planeta. Frente a ello el documento de la V
Conferencia General del Episcopado Latinoamericana en Aparecida
nos plantea el desafío de “buscar un modelo de desarrollo
alternativo, integral y solidario” (DA 474c).
35. Otro
principio fundamental de la Doctrina Social que guía a la Iglesia en
su compromiso de promover un desarrollo integral y sostenible, es el
principio del bien común. “Desear
el
bien común
y esforzarse por él es
exigencia de justicia y caridad.”9.
El
Papa Benedicto
XVI afirma, que en la construcción de un orden social justo la
Iglesia “no puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede
ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia.
Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y
debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia,
que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni
prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de
la política. No obstante, le interesa sobremanera a la Iglesia
trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y
la voluntad a las exigencias del bien”10.
36. Asimismo
recuerda que “la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la
Creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito
público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios
Creador para todos, y proteger a la persona humana”11.
En este sentido cabe subrayar de nuevo la gran relevancia de la
biodiversidad tan rica en nuestro Continente, la cual es
imprescindible para una vida saludable en la tierra. Este hecho
debería ser valorado por los países del Norte.
37. Junto
con otros actores en la sociedad la Iglesia trabaja para fortalecer
la dimensión ética en la política y en la economía. Quiere
“servir a la formación de
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo
tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando
esto estuviera en contraste con situaciones de intereses
personales.”13
No es posible lograr un desarrollo integral, solidario y sostenible
sin la dimensión ética.
38. Cumpliendo
su misión de trabajar por la reconciliación y la unidad, por el
respeto a la dignidad de cada persona y por el bien común (cfr. LG
1), la
Iglesia sigue promoviendo un diálogo abierto y transparente entre
los diferentes actores de la sociedad que están involucrados en los
conflictos socio-ambientales.
De esta manera la Iglesia desea ayudar, en cada caso a frenar el
escalamiento de los conflictos, a evitar los desenlaces violentos y a
encontrar una solución justa y sostenible.
39. La
Iglesia invoca a los Estados para que establezcan un marco político
y legal que regularice la actividad extractiva según los estándares
socio-culturales y ambientales internacionales, proteja
los derechos de la población aledaña a los yacimientos
y vele
por el cumplimiento de los contratos establecidos con las empresas.
40. A
la vez la Iglesia exhorta al Estado a que, antes de autorizar el
inicio de cualquier actividad extractiva, garantice la consulta
previa así como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Las normas
legales de la mayoría de los países de América Latina prevén que
el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por las Empresas
concesionarias antes de realizar el proyecto extractivo, como parte
de las condiciones que lleven a su aprobación. Los
EIA son, por lo tanto, un documento de las partes interesadas.
Por esta razón es necesaria que la
función pública de revisión de los EIA sea realizada con
imparcialidad y según criterios científicos internacionalmente
establecidos.
También la
Iglesia exhorta al Estado a informar a la población adecuadamente
sobre los resultados del estudio.
41. De
la misma manera pide al Estado que implemente,
aplique y lleve a cabo procesos de consulta, facilitando la
participación de los/las representantes de los pueblos y comunidades
indígenas afectadas por los proyectos mineros en la toma de
decisiones
sobre la posible realización de dichos proyectos.
42. La
Iglesia recuerda al Estado y a las empresas mineras que “es urgente
llegar a conjugar la tecnología con una fuerte dimensión ética”14
y que hay que incentivar “la investigación y la explotación de
energías limpias que preserven el patrimonio de la creación y sean
inofensivas para los seres humanos”15
y recalca que estas deben ser prioridades políticas y económicas.16
43. La Iglesia
pide con insistencia que las empresas mineras actúen con
responsabilidad social y ambiental, respeten los contratos
establecidos, velen por la seguridad y la salud de sus trabajadores y
les den una remuneración justa. Al
Estado queda la fundamental tarea de verificar que así sea, función
que debe realizar con imparcialidad, rigor técnico y transparencia.
44. Asimismo
siente el deber de promover entre los empresarios una ética basada
en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
45. Respecto
de la consulta previa la Iglesia reafirma su compromiso de contribuir
con la difusión de toda información amplia, plural y objetiva sobre
el complejo tema de las industrias extractivas, así como de los
beneficios y riesgos que ésta conlleva, a través de su red de
radios y otros medios de comunicación. Con ello la Iglesia desea
contribuir a que la población pueda estar informada y tomar una
decisión fundada y crítica, elaborando propuestas alternativas para
defender sus derechos vía la argumentación y el dialogo.
46. La Iglesia se
compromete a empeñar sus “esfuerzos en la promulgación de
políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la
protección, conservación y restauración de la naturaleza” (DA
474d). Para ello, en la pastoral se deben diseñar con creatividad
acciones concretas que tengan incidencia en los Estados para la
aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las
variadas necesidades de la población y conduzcan hacia un desarrollo
sostenible” (DA 403). Por lo mismo sigue
apoyando a la sociedad civil a “determinar medidas de monitoreo y
control social sobre la aplicación en los países de los estándares
ambientales internacionales” (DA 474e).
47. La Iglesia
acoge el llamado de SS. Benedicto XVI de que es necesario un “cambio
de mentalidad [para] llegar rápidamente a un estilo de vida global
que respete la alianza entre el hombre y la naturaleza, sin la cual
la familia humana puede desaparecer.”17
Para ello se compromete a contribuir decididamente a este cambio de
mentalidad y a generar una práctica coherente.
48 La
Iglesia afirma su compromiso que “como discípulos y misioneros al
servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y
originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones
propias, la defensa del territorio [...] y la defensa de sus
derechos. Nos comprometemos también a crear conciencia en la
sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores, a través de
los medios de comunicación social y otros espacios de opinión”
(DA 530).
El CELAM se empeñará en fomentar
el diálogo con las Conferencias Episcopales de los Estados Unidos,
Canadá y Europa sobre las cuestiones de las industrias extractivas y
la misión de la Iglesia. Impulsará una coordinación de los
respectivos esfuerzos pastorales que ya se están realizando en la
Iglesia latinoamericana y fortalecerá los lazos de solidaridad con
los agentes pastorales, los líderes sociales y los defensores y
defensoras de los derechos humanos que están amenazados y
perseguidos. A la vez intensificará los vínculos existentes con el
Pontifico Consejo Justicia y Paz.
Asimismo el Departamento de Justicia
y Solidaridad del CELAM se compromete a dar un seguimiento integral a
la temática y compromisos del Seminario profundizando la reflexión
sobre las diferentes dimensiones del tema desde la Doctrina Social de
la Iglesia.
1Documento
conclusivo de la V. Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y de El Caribe (2007) en Aparecida (en adelante:
DA).
2Cfr.
Constitución pastoral „Gaudium et Spes“ (GS) del Vat.II, 1.
3CartaEncíclica
„Mater et Magistra“ de SS Juan XXIII, 236.
5Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia (en adelante: CDSI), 463.
7SS
Juan Pablo II, Discurso a los participantes en un Congreso
Internacional sobre “Ambiente y salud” (24 de marzo de 1997), 2
(CDSI, 461).
8
Cfr. Carta Encíclica “Laborem Exercens” de SS Juan Pablo II,
19.
9
Carta Encíclica “Caritas in
veritate” de SS Benedicto XVI,5.
10
Carta Encíclica “Deus caritas
est” de SS Benedicto XVI, 28a.
12
Cfr. DA 471.
13
Carta Encíclica “Deus caritas
est”, 28a.
14SS
Benedicto XVI en su alocución a los nuevos embajadores ante la
Santa Sede el 09 de Junio de 2011.
15Ibid.
17SS
Benedicto XVI en su alocución a los nuevos embajadores ante la
Santa Sede el 09 de Junio de 2011.